Forma parte del afán de unificación jurídica que tenía como objetivo crear una nueva organización y sacar de la decadencia al país. A través de los decretos se suprimieron los fueros y las instituciones de los reinos de la corona de Aragón, pasando a ser gobernados por las leyes castellanas, más proclives a la intromisión real. Aunque el más estricto fue el de Valencia pues en él se suprimió incluso el uso del derecho civil, aspecto que se respetó los restantes.
Así y todo el territorio de la monarquía española pasaba tener un sistema de gobierno uniforme, con la sola excepción de Navarra del país vasco, que por su apoyo a Felipe V o pudieron conservar sus fueros. Castilla pasó a ser el centro de gobierno interior de España, el único consejo que tendría una cierta relevancia durante el siglo XVIII.
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